SANTO DOMINGO – “Este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”, lamentó el procurador adjunto Wilson Camacho al referirse a las decisiones judiciales que favorecen a acusados de sustraer fondos de los contribuyentes de distintas entidades del Estado.
Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, de disponer el cese de la prisión preventiva para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, Taner Flete y al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.
“Este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función”, dijo. Pero, “eso no va a pasar”, añadió.
Precisó que, a pesar de las pretensiones del tribunal con ese tipo de decisión, el Ministerio Público continuará actuando apegado a la ley y con la responsabilidad que lo caracteriza en estos casos.
“Nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones. Nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos investigando, no vamos a hacer otra cosa que no sea cumplir con el mandato de la ley”, dijo.
“El que en nuestros procesos haya violado la ley, se sentará en el banquillo de los acusados, independientemente de estos mensajes que pretenden que el Ministerio Público, repito, ejerza de manera irresponsable sus funciones”, enfatizó Camacho, al ser abordado por los periodistas que cubren la fuente judicial.
Puntualizó la incoherencia de la decisión de la jueza, al indicar que “el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que en un caso muy complejo en consecuencia, necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones”.
Para explicar la complejidad de la labor que realiza el órgano de justicia en estos casos, el procurador adjunto sostuvo que para “procesar a 17 empresas, muchas veces el Ministerio Público tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente los tribunales de este país no lo entienden, salvo para favorecer a los acusados”.
