SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho consideró correcta y ajustada a la ley la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de declararse incompetente para conocer el recurso de habeas corpus interpuesto por el general Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), imputado en el Caso Coral 5G.
“De manera correcta se declaró incompetente, toda vez que el Juzgado de Atención Permanente solamente puede conocer de acciones de habeas corpus cuando se trate de fines de semana o días feriados”, explicó Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se refirió a la decisión de la declaración de incompetencia por parte del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.
Sobre el proceso, Camacho especificó que fue enviado por ante la Presidencia de la Cámara Penal, a fin de que se fije la audiencia.
“Este habeas corpus, a nuestro juicio, ya será conocido cuando se conozca ante el tribunal competente; de todas maneras, no lleva una razón y eso y es un habeas corpus hecho al margen del derecho, un ejercicio de temeridad”, expresó.
La tarde del martes la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción a otros 12 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G y declaró el caso complejo.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN), al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD) y al coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Para el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD), dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país.
La prisión preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
