Soberanía del país en prueba de fuego
La crisis de carácter político, social y económico que se recrudeció en Haití a partir de las protestas desencadenadas el 17 de febrero de 2019, para forzar la renuncia del ahora difunto expresidente Jovenel Moise, se forma de una mezcla de sucesos que aún siguen inalterables.
Mientras, de este lado oriental de la isla, un receptor de cuantos fenómenos ocurran en Haití, las autoridades parececen haber calculado en frío las medidas adecuadas del momento para evitar trastornos en la convivencia social interna.
Específicamente, el gobierno fortificó la frontera con equipos y fuerza militar agregada, mientras con otra mano impulsaba operativos intensos de repatriación de indocumentados.
A la par con esto, mantenía su gesto de solidaridad, con su gestión de búsqueda de ayuda externa a su vecino.
Retornando a los tiempos de Moise, para el período del reventón interno en Haití, las fuerzas de oposición, bajo el liderato del izquierdista Jean-Charles Moïse, líder del partido Petit Dessalines, descifraron el descontento y movilizaron a las masas saturadas de penurias sedientas de cambios.
El propósito estaba definido: crear un gobierno de transición, aplicar planes sociales y llevar a la justicia a funcionarios implicados en corrupción. Esta situación fue alimentada por la crisis social en que estaba atrapado Haití.
Seis cambios de primer ministro se produjeron durante ese tiempo y la Asamblea Nacional no pudo llevar a cabo sus elecciones.
Todos los ojos en la región, particularmente de República Dominicana, estaban sobre Haití.
El día del magnicidio
Lo que faltaba para el estallido de nuevas crisis llegó de madrugada cuando se produjo el magnicidio del presidente Moise, el miércoles 7 de julio de 2021, en un ataque armado a su residencia privada por un comando integrado, en su mayoría, por colombianos.
Tras el asesinato del mandatario, la situación migratoria tomó más ímpetu. Los desastres naturales y los conflictos humanos, problemas políticos y crisis económica, se han combinado a favor del éxodo, siendo su destino más próximo la Republica Dominicana.
Entonces, mientras Haití se hundía rápidamente en el caos por la crisis y su gente buscaba desesperadamente formas para escapar de sus desgracias, el país respondió con medidas de control de la frontera y una mayor presencia militar.
Presión externa rechazada
Preocupaba también que el Gobierno de Estados Unidos tanteara al dominicano en la posibilidad de abrir aquí campos de refugiados haitianos, como parte de los preparativos ante una eventual intervención militar bajo discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ante esto, la respuesta del país fue “negativa y tajante”, una posibilidad que no sería siquiera contemplada.
Pero las cosas no pararon ahí. El 12 de noviembre pasado, la portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Olga Sarrado, pidió la suspensión temporal de los retornos “forzados” de haitianos.
La víspera, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a República Dominicana detener esas deportaciones, a lo que el presidente Abidaner respondió que estas no solo continuarían, sino que “las vamos a incrementar”. LISTIN DIARIO