“Si existiere alguna evidencia o indicio de que alguna persona privada de libertad ha sido víctima de la violación de sus derechos, se deberá proceder de manera inmediata a realizar la investigación y actuar conforme a los resultados”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, impartió una instrucción general a los fiscales en todo el país, a fin de que velen por la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas por la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado, con la encomienda de investigar y reportar a quienes violen los derechos ciudadanos.
La instrucción general 001, firmada este 23 de mayo, encarga a todos los miembros del Ministerio Público actuar con estricto apego a las disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias que tutelan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
En ese sentido, dispone que “velen por el respeto irrestricto a la integridad física, psíquica y moral de las personas que resulten privadas de libertad por la Policía Nacional, por la Dirección Nacional de Control de Drogas, o por cualquier organismo o agencia de seguridad del Estado, ya sea en virtud de una orden judicial o por tratarse de un delito flagrante”.
Cita el artículo 276 del Código Procesal Penal, que prohíbe a “funcionarios de la Policía” el “aplicar, instigar o tolerar actos de tortura, u otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes” a los detenidos.
Entre otras disposiciones constitucionales, legales y de convenciones internacionales, alude también el artículo 26, numeral 5, de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), que confiere a ese organismo la atribución de investigar las detenciones arbitrarias, velar por el respeto de las libertades públicas y garantizar que en cuarteles y destacamentos sean respetados los derechos fundamentales.
A fin de que puedan cumplir con dicha labor de tutela, instruye a los fiscales responsables de recintos de custodia a personas privadas de libertad a organizarse por turnos ininterrumpidos, para que inspeccionen de forma recurrente dichas áreas, así como el libro de entrada, pregunten a los responsables sobre las novedades y sostengan conversaciones aleatorias con familiares y relacionados de los retenidos.
“Los fiscales actuantes deberán verificar el cumplimiento de las garantías del debido proceso y que todo ciudadano sea informado sobre sus derechos: conocer las causas del arresto, guardar silencio sin que esto le perjudique, comunicarse con su familia y con un abogado de su elección y que se le respete su dignidad e integridad física”, indica el texto de nueve numerales.
