MP: El 90% de operaciones financieras de la red fueron en la sucursal 550 del Banreservas, de la Estación de Combustible Texaco de la avenida Venezuela, SDE
En la segunda parte de la Operación Coral (5G) las autoridades lograron identificar que del entramado de corrupción que funcionaba en los cuerpos castrenses y la Policía Nacional, no solo se beneficiaba al mayor general Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, y Alejandro Girón Jiménez, que fueron arrestados en la primera etapa del caso, sino que se favorecía a otros miembros que poseían niveles de dirección en las instituciones militares y que alegadamente se enriquecieron de forma ilícita.
De manera preliminar, suman 14 los investigados que están en la mira del Ministerio Público. Entre ellos figuran tres generales, siete coroneles, una mayor de la Policía, dos capitanes y un primer teniente.
En documentos filtrados sobre la investigación se identifica al grupo. Aunque las autoridades han advertido que la lista podrían ampliarse aún más según vayan avanzando las indagatorias.
Entramado en Cestur
Los miembros de las fuerzas castrenses y policiales investigados son el general Juan Carlos Torres Robiou, FARD, a quien en la estructura identificaban como “Dl”. Este fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en el periodo 2014-2021.
Otro de los investigados es el coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Carlos Augusto Lantigua Cruz (El Ayudante), su apodo por haber sido apoyo del director y encargado de raciones del Cestur.
También el coronel de la FARD Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, exencargado de recursos humanos del Cestur 2014-2020.
Además está bajo investigación la primer teniente de la Policía Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, quien se desempeñaba como subencargada de auditora del Cestur.
El encargado de la División de Inteligencia del Cestur, el coronel de la FARD, Miguel Alfredo Ventura Pichardo, y el encargado de la Escuela de Seguridad Turísticas y luego de Operaciones de Inteligencia del Cestur, coronel de la FARD, Roberto Acevedo Tejada FARD (Acevedo), están en la lista de presuntos actos de corrupción y lavado de activos.Se llevan CUSEP de Cáceres
La mayor parte de la estructura administrativa del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) de la gestión de Adán Cáceres fue desmontada debido a la supuesta sustracción de fondos públicos para enriquecerse de forma ilícita.
Como parte de la estructura de presunta corrupción en el Cusep están imputando al general de las FARD, Julio C. de los Santos Viola, quien fue subjefe de esa dependencia en la jefatura de Adán Cáceres; asimismo el mayor de la Policía, José Manuel Rosario Pirón, quien se desempeñaba como encargado de tesorería del Cusep.
Otros en la lista de imputados son el coronel de las FARD, Sterling Antonio Peralta Santos, exencargado de inteligencia del CUSEP; el capitán de navío de la Armada de la República Dominicana (ARD), Rolando Bueno Jiménez; ex director administrativo y ayudante de Adán Cáceres.
Figuran como investigados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores ARD, exdirector de avanzada del Cusep; el general de brigada del Ejército, Boanerges Reyes Batista, quien fue sub jefe del Cusep hasta el 2014; el teniente coronel de la FARD, Erasmo Roger Pérez Núñez FARD, asignado al Jefe del Cusep, y el teniente del Ejército, coronel Kelman Santana Martínez ERD, asistente personal de Adán Cáceres.
Nuevos imputados de corrupción
Juan Torres Robiou
General FARD
Julio de los Santos Viola
General de las FARD
Boanerges Reyes
General de brigada ERD
Carlos Lantigua Cruz
Coronel de la FARD
Miguel Ventura
Coronel de la FARD
Sterling Peralta Santos
Coronel de las FARD
Yehudy Guzmán
Coronel de la FARD
Roberto Acevedo
Coronel de la FARD,
Erasmo Pérez Núñez
Teniente coronel FARD
Kelman Santana
Teniente coronel ERD
Rolando Bueno Jiménez
Capitán de navío de la ARD
Franklin Mata Flores
Capitán de navío ARD
José Rosario Pirón
Mayor de la Policía
Jehohanan Rodríguez
primer teniente de Policía
Estaciones de combustible y transacciones para el lavado
Las investigaciones del Ministerio Público han establecido, de manera preliminar, que a raíz del entramado fraudulento que supuestamente instauró el mayor general Adán Cáceres junto a sus colaboradores, estos amasaron grandes sumas de dinero, además de que adquirieron bienes muebles e inmuebles que no pueden justificar con sus ingresos habituales.
De acuerdo con los documentos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la dirección de Persecución, más del noventa por ciento (90%) de las operaciones financieras de la red de presunta corrupción fueron realizadas en el Banco de Reservas, específicamente en la sucursal 550 que se encuentra en la Estación de Combustible Texaco de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. Explican que las transacciones se realizaba en este lugar en contubernio con la gerente, la imputada Esmeralda Ortega Polanco alias “550”.
Supuestamente, debido a los conocimientos en finanzas de esta ejecutiva, se evadían los controles del sistema financiero. Dicen que esto se evidencia porque a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas que supuestamente no contaban con el perfil financiero para esto, nunca se hicieron reportes de transacciones sospechosas (como mandan las reglas) y se hicieron escasos reportes de transacciones en efectivo.
Las autoridades también tienen evidencias de que empresarios participaban de esta red corrupta.
Los documentos indican que los empresarios del área privada y suplidores del Estado, prestaban su nombre y empresas para desviar fondos a través de contrataciones falsas, y retornar los fondos a los líderes de la estructura. Mencionan en esta parte al empresario César Félix Ramos Ovalle, propietario principal de la estación de Combustible La Marina, ubicada en la Avenida Espada, Santo Domingo Este.
