Miriam Germán Brito: constituye una debilidad institucional que “el procurador general carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público atraviesa por cambios sustanciales que alcanzan desde una autonomía reforzada hasta una persecución penal más estratégica e inteligente en lo que respecta a los grandes crímenes y delitos, resaltó este lunes la procuradora general Miriam Germán Brito, en su discurso de rendición de cuentas.

Germán Brito resaltó que la institución que encabeza hoy se muestra comprometida con avances institucionales que evidencian una nueva manera de hacer las cosas.

“Uno de los objetivos más importantes de mi mandato ha sido impulsar una gestión operativa que fortalezca la investigación y la persecución y, al mismo tiempo, el acceso a la justicia, la atención a víctimas y el ofrecimiento de los diferentes servicios generales”, expuso.

Al acto de rendición de cuentas, celebrado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, asistieron los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, así como representantes de diversos poderes del Estado y del cuerpo diplomático acreditado en el país.

La magistrada compartió la mesa principal del acto con los presidentes del Senado de la República, Eduardo Estrella; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho Hidalgo.

La procuradora general presentó un resumen ejecutivo de las memorias que rinden los diversos órganos del Ministerio Público, en atención al artículo 3, de la Ley Orgánica que rige la institución (133-11).

Germán Brito recordó que dentro de las principales exigencias de la sociedad dominicana está el que se persiga con mayor énfasis la corrupción administrativa. En ese sentido, aseveró que nunca antes se había evidenciado una mayor determinación en garantizar que los bienes públicos no sean sustraídos del Estado y en que, de ser así, “los autores sean traducidos a la acción de la justicia sin privilegios” y, al mismo tiempo, “sin arbitrariedades o atropellos”.

Destacó que, en este contexto histórico, la independencia funcional y el principio de objetividad del Ministerio Público cobran especial significación para contener cualquier influencia espuria a la hora de someter los casos.

Recordó que el Ministerio Público responde a un estatus de órgano constitucional autónomo o extrapoder, “pues cuenta con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, un sistema de carrera paralelo al de la judicatura y garantías institucionales que permiten el autogobierno”.

Sin embargo, lamentó el hecho de que “el procurador general carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo, dependiendo de la buena voluntad de quien le nombra”, lo que calificó como una debilidad institucional de República Dominicana.

En cuanto a la gestión administrativa, resaltó el mejoramiento en la calidad del gasto, en los procesos de compras y contrataciones, así como en los controles presupuestarios.

Resaltó que el Consejo Superior del Ministerio Público institucionalizó el pago a todos los servidores de los bonos anual y vacacional, además de disponer de un reajuste salarial y la primera parte de una nueva política de compensación para los fiscales.