El fiscal Osvaldo Bonilla explica que los bienes ocupados a la red de lavado del narcotráfico incluyen empresas, estaciones de venta de combustibles y vehículos de alta gama
SANTO DOMINGO-El fiscal de Santiago resaltó este martes la fortaleza de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos del narcotráfico de la red delictiva desmantelada con la Operación Falcón, tras destacar que tiene los méritos suficientes para lograr que todos sean condenados.
“La acusación que hemos presentado al tribunal, es una acusación sin precedente, robusta”, dijo Osvaldo Bonilla, al destacar que el expediente aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados, más allá de alegatos y con imputaciones precisas de cargos sobre probados.
Al ser entrevistado, vía Zoom, por la periodista Rosa Encarnación, del programa El Despertador, el fiscal de Santiago detalló que son imputaciones por lavado activos proveniente del narcotráfico, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas y delitos en contra del fisco.
“Es uno de los casos más importante contra la criminalidad organizada en República Dominicana, en los últimos tiempos”, sostuvo, al tiempo que dijo que el Ministerio Público asume con responsabilidad su rol persecutor, por lo que a partir de ahora corresponde al Poder Judicial ejercer su rol con la mayor de la rigurosidad.
“Entendemos que todos los actores del sistema de justicia deben asumir su responsabilidad con la mayor de la rigurosidad, y vamos a defender este proceso en todos los escenarios, en los tribunales y en cualquier escenario que sea necesario porque está probado que es un proceso legalmente bien trabajado, un proceso que el Ministerio Público lo ha trabajado con mucha transparencia, y con objetividad, sobre todo”, expuso.
Lamentó la variación de medidas de coerción a involucrados en el Caso Falcón y sostuvo que el Ministerio Público enfrentará a quien deje de actuar de manera correcta. “Por eso hemos recusado (jueces) en algunos casos, cuando entendemos que se ha violentado la ley”, dijo.
“En el último caso se ha dado una variación que nosotros catalogamos como ilegal, nula, porque se han violentado todos parámetros que el Código Procesal Penal establece para la administración de justicia”, dijo.
En ese contexto, recordó que el juez Job García, que estaba conociendo la revisión de la medida de coerción decidió su propia recusación, no obstante haber depositado el acto conclusivo la noche anterior y ya estar prácticamente desapoderado.
Bonilla explicó que las pruebas documentales y periciales llevaron al Ministerio Público a solicitar al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles, incluyendo estaciones de venta de combustibles, villas, apartamentos, empresas, así como una gran cantidad de vehículos de motor que incluyen automóviles de alta gama
