SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó este lunes apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.
El órgano acusador hizo la solicitud al presentar sus conclusiones ante la jueza Yanibet Rivas Méndez, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, durante la continuación de la audiencia preliminar del proceso, donde se decidirá si los imputados van o no a juicio.
La fiscal Marinel Brea Tejeda, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó que este lunes completaron la lectura de la acusación y destacó que fueron aportadas aproximadamente 4,000 pruebas. “El Ministerio Público solicitó un auto de apertura a juicio contra todos los imputados”, dijo.
Brea indicó que el próximo viernes el Ministerio Público emitirá su opinión sobre la solicitud de exclusión de los abogados del Estado que hacen las defensas.
En ese mismo orden, la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, expresó: “nosotros admitimos la querella, por tanto, entendemos que la querella es válida y que ya los querellantes van a plantear su postura ante el tribunal”.
Adelantó “que en caso de que la jueza le conceda la palabra también el Ministerio Público va a dejar en claro que los ha admitido como querellantes y que por tanto ostentan esa calidad para el Ministerio Público”.
Sobre los acuerdos con imputados, indicó: “nosotros siempre estamos abiertos a los acuerdos. Los acuerdos siempre son una posibilidad en estos procesos. Todo va a depender de la calidad de la información y de los aportes que hagan los imputados al caso”.
Las litigantes se refirieron al proceso al ser entrevistadas por periodistas de varios medios de comunicación a la salida del tribunal.
El Ministerio Público, representado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, Marinel Brea Tejeda, Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado y Arolin Lemos, tras presentar sus conclusiones también pidió que se mantengan las medidas de coerción impuestas a los imputados, con excepción del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el coronel policial Rafael Núñez de Aza, por estar pendiente el conocimiento de un recurso de apelación en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
