La obligación que se quiere aplicar para que los empleados con ingresos superiores a los 624,329 pesos anuales rindan una declaración de bienes representaría una duplicidad de información y generaría costos adicionales tanto para los trabajadores como para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esto se debe a que los empleadores ya están obligados a reportar mensual y anualmente los salarios y retenciones que realizan a sus empleados mediante el formulario IR-3 de tributación.
Germanía Montás, exsubdirectora de la DGII, ofreció a Diario Libre un análisis sobre uno de los aspectos de la «Ley de Modernización Fiscal» presentada recientemente por el gobierno: impuesto sobre la renta de personas físicas (ISR). La propuesta plantea que los empleados con salarios superiores a los 624,329 pesos anuales deberán realizar una declaración jurada de sus bienes e ingresos una vez al año, una medida que, según Montás, es innecesaria dado que la información ya es reportada periódicamente por los empleadores.
El ministro de Hacienda, José Manuel –Jochi- Vicente, justificó la disposición durante la presentación del proyecto de ley, indicando que el país posee una de las tasas de recaudación de personas físicas más bajas de la región, ubicándola en un 10 %, cuando el promedio de los 38 Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de un 24 %.
