El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, informó que la Procuraduría General y la Contraloría General de la República están investigando el caso de los útiles escolares adquiridos en 2012, que desde 2013 permanecen en un almacén del Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO). Según Castro, los productos, considerados como ‘cuerpo del delito’, no han podido ser tocados hasta ahora.
Al asumir la dirección de INABIE en noviembre de 2021, Castro señaló que se encontró un informe elaborado por la Contraloría en el que se detallaba una auditoría que reveló que los uniformes y otros artículos habían ingresado dañados. El exencargado del almacén, Claudio Guzmán, documentó que la mercancía no cumplía con la ficha técnica de compra y recomendó no recibirla. No obstante, se le dio entrada provisional, una práctica que Castro afirmó desconocer: «Cuando una mercancía no responde a la ficha técnica, sencillamente no se recibe», puntualizó.
Castro explicó que, debido a la acción legal en curso, INABIE no había podido disponer de los útiles: «La mercancía es cuerpo del delito, por lo que no podíamos descomisarla ni donarla». Añadió que los productos no son aptos ni siquiera para el reciclaje y que probablemente serán triturados en presencia de la prensa el próximo viernes.
Responde a las declaraciones de Josefina Pimentel
Castro también respondió a los recientes comentarios de la exministra de Educación, Josefina Pimentel, quien aclaró que la licitación original de los útiles escolares fue por 40 millones de pesos, y no por los 100 millones mencionados previamente por INABIE.
«La distinguida dama Josefina Pimentel, en su intento de desmentir, lo que hace es confirmar nuestra denuncia: fue ella quien emitió la orden de compra. Ella afirma que solo pagó el anticipo y que se resistió a recibir la mercancía porque estaba en malas condiciones. Eso es cierto, lo dice Claudio Guzmán, pero luego se dio la instrucción de aceptarla», expresó Castro. Además, aclaró que los libramientos encontrados suman un total de 40 millones de pesos.
El caso sigue en investigación y la destrucción de la mercancía defectuosa será la siguiente acción a tomar mientras se esclarece la situación.
