En su solicitud de autorización de información financiera que hizo ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establece que el Ministerio de Hacienda, durante la gestión de Donald Guerrero, hizo libramientos de pagos que no pasaron por los controles legales, pues no figuran en los registros de la Tesorería Nacional.
Basado en datos de un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y que –dice- han ido corroborando con otros medios de prueba, el órgano afirma que existen diferencias muy marcadas entre los libramientos que figuran registrados y pagados.
“Desde el Ministerio de Hacienda se pagaron 30 libramientos durante el periodo del 22 de enero al 27 de julio, por un monto total aproximado de 10,993,120,387.60, en tanto que la Tesorería Nacional certifica libramientos por un monto de 5,636,093,821.14, para una diferencia de unos RD$6,431,438,750.41. (Esta última cifra denota un error de cálculo, pues la diferencia entre las dos primeras es de 5,357,026,566)”.
Según una publicación de Diario Libre, la diferencia lleva a la Pepca a establecer que el Ministerio de Hacienda realizó pagos directos sin ser sometidos al proceso de control previo establecido por la Ley 10-07 de Control Interno de la Contraloría.
La Procuraduría investiga a Donald Guerrero y varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano con más de 17,000 millones de pesos.
Entre los investigados están, además, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
Afirma el Ministerio Público, según el acta de autorización emitido por el tribunal, que bajo instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas para sustraer del erario público unos 19,653 millones mediante acuerdos transaccionales, llegando a sustraer, según lo que han identificado, 17,300 millones de pesos. Eso, mediante operaciones relacionadas a expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deudas administrativas, que tienen como elemento común la cesión de crédito a personas de confianza o a sociedades de carpeta.
