Al conmemorarse hoy el Día del Migrante los centros para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) Y de Desarrollo Sostenible (CEDESO), entienden que las recientes medidas restrictivas tomadas por el Estado dominicano constituyen un giro desalentador en materia de políticas de gestión de las migraciones que exponen a personas en movilidad a vivir desprotegidos por tanto a caer en redes de explotación, tráfico ilícito y posible trata humana.
En un comunicado CEDESO Y OBMICA hacen un llamado inaplazable a respetar derechos, cumplir el debido proceso y las leyes que regulan las migraciones, para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas en movilidad y sus familiares, lo que tendría un impacto positivo en la vida de más de dos millones de dominicanos/as residentes en el exterior y de los miles de extranjeros/as que buscan una vida mejor en el país.
Los defensores de los derechos humanos indican que trabajan en el proyecto Trato Digno que promueve el respeto de los derechos de los migrantes y el debido proceso para evitar eventos como los ocurridos recientemente en México y otros hechos lamentables «Que varias familias dominicanas hoy lloran la pérdida de jóvenes víctimas de traficantes en México, que un agente de migración busque a una mujer en el baño de hospital, que una mujer en labor de parto sea montada en una guagua de migración con la intención de deportarla desafía nuestra humanidad y nos hace un llamado inaplazable a hablar de personas en movilidad y los derechos que se mueven donde quiera que vaya la gente», enfatizan CEDESO y OBMICA.
En el documento las organizaciones lamentan además el retroceso en materia de derechos humanos y gobernanza de las migraciones que ha tenido lugar en los últimos meses: » Ni en las más negativas de las proyecciones se vislumbró un escenario de persecución y deportación masiva a mujeres migrantes embarazadas o la orden administrativa que niega el acceso a servicios de salud en el sistema público por estatus migratorio o situación documental, limitando la atención a casos de emergencia, con lo que se viola la Constitución y acuerdos vinculantes al país.»
Dicen que desde el pasado mes de septiembre, el gobierno dominicano ha implementado una serie de medidas que complican el panorama a las personas migrantes que no poseen un estatus regular o que, habiendo aplicado al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), se encuentran fuera de estatus,
Afirman que el cierre del paso al sistema de salud pública a partir de la situación migratoria o documental resulta contraproducente en un contexto de pandemia, cuando el Estado no provee medios efectivos para que las personas migrantes mantenga su estatus regular. Durante un año, más de 200 mil extranjeros que aplicaron al PNRE y les fue adjudicada una categoría migratoria, no tuvieron la oportunidad de renovar los documentos que acreditan su estatus. Ahora, explican, el Ministerio de Interior y Policía sorprende con el escueto anuncio de una auditoria, como una especie de antesala al desmonte de un proceso en el que el Estado dominicano invirtió años y millones de pesos, en el que las personas han participado de buena fe.
Las instituciones recomiendan diseñar e implementar políticas públicas sobre la base del estudio del tema y la evidencia, las medidas para el control migratorio deben sostenerse en el marco legal y el sistema de derechos, proveer a las personas vías claras para migrar y regular su estatus, fortalecer las competencias y mejorar las condiciones laborales de agentes de migración, personal militar y de vigilancia, adecentar los puntos de entrada y modernizar mecanismos de inspección en la frontera para evitar migración irregular.
El documento hacen referencia a las personas haitianas y venezolanas (los grupos de población extranjera con mayor presencia en el país), que aportan con su trabajo al desarrollo de la República Dominicana se insertan en sectores de la economía que demandan su trabajo, permitiendo el crecimiento y la competitividad, tales como turismo, construcción, educación, servicios, y en áreas que todavía no son lo suficientemente valoradas como el trabajo doméstico remunerado y agrícola.
Finalmente, los defensores de derechos humanos destacan la solidaridad del grueso del personal médico dominicano, comunicadores sociales, organizaciones barriales, campesinas y las comunidades que se distancian de la institucionalización del atropello y respaldan la defensa de los derechos de las personas migrantes.
