El contrato firmado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con Transcore Latam, S.R.L para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, llegó a las puertas del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La empresa, que resultó adjudicada en un cuestionado proceso de Licitación Pública Nacional, solicitó a este tribunal una «medida cautelar anticipada administrativa» contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló el procedimiento y el contrato que involucra una inversión de 1,317 millones de pesos.
La audiencia pública, que será presencial, fue fijada para el 5 de diciembre, a las dos de la tarde, en el salón 01 de la sala de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo.
La empresa ha solicitado una «medida cautelar anticipada administrativa» contra la Resolución RIC-156-2023 de la DGCP que suspende, de oficio, el Contrato Núm. DJ-CSB-009-2023, suscrito entre el Intrant y Transcore Latam, S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
