SANTODOMINGO– Una empresa de la diputada Altagracia Yarelys Encarnación Gerónimo figura entre los suplidores que reclaman pago de deudas al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
El monto de la deuda del Inabie con la empresa de la diputada superaría los 12 millones de pesos.
La diputada, en su declaración jurada de patrimonio, reportó cinco facturas pendientes de pago por parte del Inabie a la empresa “Multiservicios Gerónimo, E. I. R. L.” de la cual es “propietaria y gerente”.
El monto total que le adeuda Inabie a la empresa de la diputada, según su declaración jurada, es de RD$5,882,935.68. No obstante, el monto podría ser superior al reportado por la legisladora ya que la institución, en su estado de cuentas de suplidores de fecha noviembre 2021, refleja cuatro facturas más a las publicadas por la diputada y que, sumadas a las otras cinco, totalizan un monto adeudado de RD$12,155,380.80.
Según el Listín Diario, trató contactar a la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por San José de Ocoa para que explique la razón por la cual su empresa mantiene deudas con el Inabie, pero evitó ofrecer declaraciones.
La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece en su artículo 14 las personas que no podrán ser “oferentes ni contratar con el Estado” y entre ellos se encuentran los senadores y diputados.
Un caso similar en el cual se incurrió en una violación de esta Ley, ocurrió recientemente cuando la periodista Alicia Ortega reveló que el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, había tenido contratos con el Estado a través de sus empresas.
Tras esto, el director de Compras y Contrataciones Públicas aclaró que Victoria Yeb “nunca debió contratar con el Estado” y que sus acuerdos “violaron la ley”.
“La ley no hace distinciones con relación a si existe incompatibilidad porque la contratación sea de un 1 peso o de 100 millones de pesos. Lo que queda muy claro en el informe es que: El senador nunca debió contratar con el Estado desde que asumió sus funciones en el Senado de la República”, expresó Pimentel durante una entrevista.
Poco después, en otra declaración pública, y ante los casos de denuncias de corrupción que apuntan al Inabie, el titular de la Dirección de Compras y Contrataciones, confirmó que dentro del Inabie hay un entramado corrupto entre funcionarios y suplidores dentro de la institución en cuestión.
Otra violación a la Ley
¿Por qué la diputada solo indicó cinco facturas en su declaración jurada? De esta pregunta podría derivar otra violación a la ley que “justificaría” la ausencia de las restantes 4 cuatro deudas.
En este caso, la violación sería a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, ya que la representante de la provincia San José de Ocoa no entregó su declaración en la fecha que estipula la pieza legislativa.
La citada ley, que obliga a los legisladores a presentar su declaración jurada de patrimonio, otorga un plazo de 30 días siguientes a su toma de posesión (16 de agosto 2020) para entregarla.
Su declaración tardía, y por tanto violación a la Ley, se puede comprobar con el “listado de funcionarios electos identificados que no han presentado su DJP al 27-04-2021” facilitado por la Cámara de Cuenta, donde se puede encontrar su nombre.
No obstante, ya para el siguiente listado, su nombre había sido borrado de la lista, y si a esto le sumamos que las facturas adicionales que presenta el Inabie, y que no están mencionadas por la diputada, comienza a correr a partir de mayo 2021, se agregan argumentos que confirmen la hipótesis sobre el por qué no colocó las otras deudas.
Un detalle adicional, es que la diputada alega que salió de su empresa, Multiservicios Gerónimo, E. I. R. L., en fecha abril 2021, pero también dice tener un capital invertido con 100 acciones o cuotas sociales dentro de la misma entidad por un valor de RD$10,000.
La empresa “no aparece”
Mediante dos solicitudes de Acceso a la Información Pública este medio pidió al Inabie y a Contrataciones Pública los contratos obtenidos por la empresa de la diputada desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha, sin embargo ambas entidades indicaron que en sus bases de datos “no se han reportado registros de contratos”
A pesar de esta respuesta, Contrataciones Públicas sí dejó abierta una posibilidad: “Cabe destacar, que esta certificación no abarca los contratos que pudiera realizarse con alguna institución y/o ayuntamientos que se encuentren o realicen transacciones fuera de nuestro sistema de registro”.
Más que resultados, este proceso sigue generando dudas con respuestas aún inciertas.
