SANTIAGO – El Ministerio Público solicitó ante el juez la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados, para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos.
Los delitos imputados son asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico, en perjuicio del Estado dominicano.
En el caso del imputado Raúl Antonio Castro Mota, se suma el cargo de violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por habérsele encontrado, al momento de su apresamiento, un arsenal que incluye armas solo utilizadas por organismos de seguridad.
“La libertad de los imputados implicaría un grave obstáculo para la investigación, ya que existen los elementos razonables que nos llevan a establecer que los encartados, una vez puestos en libertad, utilizarán los medios para obstaculizar la investigación”, explica el Ministerio Público.
El fiscal Andrés Mena sostuvo que con la presentación de la medida de coerción y la contundencia de las pruebas que la soportan, el Ministerio Público demuestra que la Operación Falcón ha dado un duro golpe al narcotráfico nacional e internacional, desmantelando una estructura criminal que movilizaba millones de recursos en dólares cada semana y toneladas de drogas a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
“Los organismos de seguridad del Estado continúan su activa persecución del cabecilla de la red a fin de arrestar a esta persona. Precisamente, uno de los hechos que relata la medida de coerción es que Erick Mosquea Polanco invertía alrededor de 2.5 millones de dólares semanales en diferentes actividades ilícitas propias del narcotráfico transnacional y del lavado de activos”, citó.
Al responder preguntas de los periodistas sobre posibles imputaciones a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la fiscal Sourelly Jáquez aclaró que en la medida de coerción constan interceptaciones telefónicas que incluyen eventos de 2018 y 2019 en la que se verifican que la red pudo sumar a sus vinculados a algunos agentes de esa institución.
Los fiscales indican en la solicitud de medida que a la red se le ocuparon más de 7 millones de dólares en efectivo, en diferentes allanamientos, armas de guerra, vehículos blindados y relojes de lujo, entre otros bienes muebles e inmuebles.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
