Acción Empresarial por la Educación (Educa) consideró este domingo que la única forma efectiva de reducir el precio de los servicios educativos privados, es mejorando la calidad de educación pública y planteó que si la ley que busca prohibir el pago de reinscripción es aprobada, los colegios trasladarían ese monto a otros servicios.
De esta forma, enfatizó podrán acceder todos aquellos ciudadanos del país sin importar su origen o condición económica.
Consideró que el proyecto de ley que propone eliminar el pago de la reinscripción de los colegios privados presentado por el senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (el Torito), que fue aprobado en primera lectura por el Senado, se enmarca en las viejas tradiciones históricas cuya vocación de los gobernantes de turno era controlar los precios de algunos bienes y servicios que entienden debieran ser ofrecidos a valores justos.
“Con base en las evidencias de la experiencia las pretensiones de controlar los precios del servicio educativo y de cualquier otro bien o servicio, solo introduce distorsiones y en general no funcionan”, expresó la entidad.
De acuerdo a Samuel Conde, presidente de Educa, la iniciativa no tiene nada de novedoso, nada en el campo de las ideas y menos todavía en el terreno de las buenas intenciones políticas.
Precisó que en este caso particular del proyecto de ley que parece prosperar, más que acusar a los colegios de “encañonar” a las familias, o calificarlos como “inhumanos e indolentes”, según se le atribuye al senador Acosta, parecería más preciso atribuirles ser demasiado honestos y transparentes con sus políticas de fijación de precios.
Trasladarían costos
Señaló que de concretarse la legislación, los centros educativos privados al verse imposibilitados legalmente de cobrar y recibir los recursos por reinscripciones, tendrán que trasladar esos valores o costos al precio de la matrícula, o al de otros bienes y servicios ofrecidos por la institución.
“Y los padres de familia continuarán teniendo la libertad de aceptar o no, el intercambio de los derechos de propiedad en los términos establecidos, o bien optar por cambiar a sus hijos de colegio”, agregó el presidente de Educa.
La nota de prensa indica que “conforme a las reflexiones enunciadas en la Nota de Trabajo titulada: Senado Dominicano parece inspirarse en Diocleciano: Los honorables miembros de la Cámara Alta desconocen 45 siglos de evidencia empírica técnica, desde que el mundo es mundo los gobernantes de turno se han visto tentados a controlar las economías, y los servidores públicos de todas las épocas – a veces guiados por la mejor de las intenciones – han expresado una reiterada vocación por controlar los precios de algunos bienes y servicios que consideran deben ser ofrecidos a valores justos”.
“De hecho, en América Latina estos ejemplos abundan durante toda su historia y en la extensión de su vasta geografía, y con tanta y abrumadora evidencia empírica, se puede inferir casi con certeza la suerte que tendrá la iniciativa del senador Acosta”, resaltó Conde.
Recalcó el presidente de Educa que controlar los precios en una economía y esperar que funcione, es lo mismo que intentar saltar de un octavo piso pensando en flotar, por el simple hecho que una ley o un decreto así lo dictamine y alega que simplemente no funciona.
En el documento, Educa planteó “cabe la pregunta entonces, ¿por qué los gobernantes caen una y otra vez en la misma trampa? Está claro que las leyes de la economía no se perciben de la misma forma que las de la física, la química o la biología, como bien lo demuestra el pensador contemporáneo Ray Dalio (Dalio, 2017)”.
Agregó Conde que también hay dos razones que los hacedores de política rara vez tienen en cuenta y rara vez comprenden sobre qué es un precio y cómo se fijan los precios de un bien, producto o servicio en una economía.
Dijo que el precio de un bien o servicio en una economía es la expresión cuantitativa, fijada en una unidad de medida o moneda, para facilitar el intercambio de los derechos de propiedad sobre esos bienes y servicios.
Del mismo modo, el director ejecutivo de Educa acotó “si los honorables senadores quieren y pretenden bajar el precio de los servicios educativos del sector privado, lamento desilusionarlo querido senador Acosta o matarle el gallo en la funda, pero solo existe una forma. Los esfuerzos tendrán que enfocarse en mejorar la calidad de la educación pública, para que menos familias tengan que hacer el sacrificio de enviar a sus hijos a la educación privada.
