SANTO DOMINGO- La defensa del exministro de Obras Públicas,Víctor Díaz Rúa, presentó este lunes un conjunto de pruebas documentales en el juicio por los sobornos de Odebrecht con la finalidad de demostrar que los bienes que posee son lícitos y no producto de corrupción como acusa el Ministerio Público.
Algunos de los documentos acreditados consisten en contratos, adendas de obras, decretos, comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, certificaciones bancarias y una relación de las obras que fueron construidas por Víctor Díaz Rúa antes de ser funcionario para evidenciar que, supuestamente, el grueso de las construcciones que hizo, fue antes de llegar al gobierno.
Los documentos incorporados por Díaz Rúa sobrepasan las 150 pruebas.
Víctor Díaz Rúa calculó que tuvo ingresos que sobrepasaban los RD$2,000 millones por construcción de obras antes de ser funcionario.
Este martes los abogados de Díaz Rúa pretenden iniciar la presentación de sus testigos en el juicio. Adelantaron que comenzarán con el ingeniero Ramón Rivas, para acreditar “que muchas de las cuentas que le están siendo sindicadas al ingeniero Víctor Díaz Rúa, realmente eran cuentas de campaña del Partido de la Liberación Dominicana y no cuentas personales”.Reacción de la Pepca
En tanto que la representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que esas pruebas no corroboran la postura de la defensa de Víctor Díaz, sino que confirman la teoría del caso del Ministerio Público.
“Estas pruebas no apuntan hacia otro lugar, más que a confirmar que se establecerá una condena en relación a todos los imputados”, advirtió Ortiz.
ElMinisterio Público asegura que Víctor José Díaz Rúa recibió sobornos mientras ejerció funciones en el Estado, para favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht, de Brasil, con la adjudicación de contratos de importantes obras pagadas con dinero de todos los contribuyentes.
También le imputan que incurrió en lavado de activos producto de infracciones graves, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio. Establece que la mayoría de los productos financieros del imputado fueron abiertos después de 2004, cuando inició su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2007 y 2012.
