SANTODOMINGO.- La nueva gestión del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), encabezada interinamente por Katiusca Báez, no ha escapado a las controversias que caracterizaron a la anterior administración, liderada por el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, Adán Peguero.
Es que denuncias sobre abultamiento de nómina y la falta de pago a exempleados de esa institución han ensombrecido la nueva administración, la cual estuvo en el candelero público luego de una serie de reportajes del programa Nuria Investigación Periodística, que evidenciaron las anomalías existente entre el Inposdom y una empresa de servicios de courier llamada Mía Cargo, convenio que fue finiquitado esta misma semana.
Al asumir estas funciones, la nueva titular prometió dar continuidad a la modernización del correo. Sin embargo, dos meses después de su designación, todavía los usuarios no cuentan con el servicio de courier debido a que no se ha realizado la licitación recomendada por la Dirección de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Contraloría General de la República.
El jueves pasado, el Inposdom publicó un espacio pagado en varios periódicos informando “la recisión de todo contratación habida entre la institución y Mia Cargo Group, la cual ha sido notificada a través del acto de alguacil 41/2022”.
También comunicaron que “el Inposdom ha establecido oposición a que dicha empresa siga recibiendo y despachando las correspondencias y mercancías con destino a República Dominicana producto de los clientes de Inposdom, ordenan devolver a su lugar de origen toda remisión recibida a partir de esta comunicación” e hicieron responsables a Mia Cargo “de las correspondencias y mercancías que se encuentren en su poder retenidos, así como de los daños y perjuicios que pudieran causar derivados de dichas actuaciones”.
Al ser juramentada, Katiusca Báez se comprometió a realizar la tarea encomendada con entrega y transparencia. Sin embargo, la última nómina publicada en el portal web ha sido la de noviembre de 2021, pues la de diciembre de 2021 no aparece. En su lugar, aparece repetida la nómina de noviembre de 2021.
Situaciones como estas afectan la confianza de la población en esa institución, sobre todo luego de que una comisión de cuatro empleados del Inposdom acudiera a la redacción del periódico digital www.elradar.do a denunciar que son tantos los nuevos nombramientos hechos por la directora interina, que la tinta de impresión de los carnets se ha agotado tres veces en dos meses. Revelaron que ella ha llenado la nómina de los empleados de su fundación, llamada Katty Báez, y, supuestamente, hasta de los empleados privados de la Funeraria de su propiedad, Gresefu.
Mientras todo esto ocurre, la nueva gestión del Inposdom, inició, el pasado lunes, el pago de las prestaciones laborales a más de 900 exempleados con el desembolso de una primera partida de 70 millones de pesos. Recordemos que estas personas desvinculadas han realizado numerosas protestas debido a que muchos de ellos tenían más de un año esperando estos recursos. Incluso, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sometió una acción penal pública en contra del antiguo director, Adán Peguero, en razón de que no le remitió los informes correspondientes a la situación de los desvinculados cuyas prestaciones laborales no habían sido pagadas satisfactoriamente.
A mediados de este mes, el Tribunal Superior Administrativo dictó la primera sentencia en favor de Roberto Miguel Fernández Rondón, quien forma parte de un grupo de 20 servidores públicos de carrera desvinculados por el Inposdom de manera irregular que han tomado acciones legales. La sentencia ordena el pago de los salarios dejados de percibir desde la desvinculación, en febrero de 2021, así como una indemnización de 300 mil pesos por violaciones a las leyes 177-09 de Amnistía de Seguridad Social y 87-01 de Seguridad Social.
El programa Nuria Investigación Periodística conversó con otras dos personas afectadas cuyas sentencias actualmente se encuentran en estado de fallo y esperan obtener el mismo resultado, así como con el abogado de estos exempleados, quien denuncia el agravio que el Inposdom ha causado al Estado debido a que los exservidores públicos siguen vigentes en las nóminas del Ministerio de Administración Pública, debido a que sus desvinculaciones fueron irregulares. Mientras esto ocurre, estos no perciben sus salarios ni pueden entrar a trabajar a otra institución del Estado.
Se recuerda que a finales de octubre del 2021, Nuria Investigación Periodística denunció las cuestionables condiciones en las que el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) estableció un contrato con la empresa de paquetería, Mía Cargo. A raíz de ese trabajo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ordenó una investigación.
Al mismo tiempo, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hicieron otra investigación de oficio, la cual arrojó toda una serie de anomalías, como por ejemplo que Adan Peguero no agotó el debido procedimiento de ley para la contratación del servicio con Mia Cargo, una empresa no tiene registro de proveedor del Estado y no registra empleadores ni empleados.
Frente a estos hallazgos la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental recomendaron la destitución de Adan Peguero como director general de INPOSDOM y del consultor jurídico, Joaquín Félix Santana, por haber incurrido en faltas graves. También recomendaron la suspensión del acuerdo suscrito con Mía Cargo Group y ordenaron al Inposdom efectuar la contratación del servicio conforme el ordenamiento jurídico vigente.
Señala N Digital que las autoridades también exhortaron a que la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa incluya analizar el histórico de las mercancías transportadas a nivel nacional e internacional por Mía Cargo Group, desde su constitución, hasta los últimos días de contrato, dados los señalamientos de los que ha sido objeto su socio principal, Diego Vestillero, quien está siendo procesado en su país de origen, Argentina, acusado de contrabando agravado en grado de tentativa luego de haber intentado ingresar 76 contenedores con productos valorados en casi 20 millones de dólares en el marco de la causa conocida como “la Mafia de los Contenedores”.
El 8 de noviembre del pasado año, en medio de todos estos cuestionamientos e interrogatorios a Adan Peguero, el presidente Luis Abinader lo suspendió y designó de manera interina a Katiusca del Carmen Báez, quien trabajaba desde enero de este año como encargada de la Dirección Financiera del Inposdom. Entre las primeras medidas que ella tomó está la resolución 001-11-2021, mediante la cual se suspenden las relaciones contractuales con Mía Cargo Group hasta tanto sea emitida la resolución definitiva por los organismos competentes; así como la desvinculación, Jesús Sole Martínez, quien habíamos denunciado que se desempeñaba como auxiliar del área comercial, con un salario de 55 mil pesos, y también era socio de la empresa. Los servicios del courier Inpospak también fueron suspendidos hasta tanto se realice una licitación pública, lo cual no ha pasado.
