La reforma tributaria que prepara el Poder Ejecutivo busca elevar las recaudaciones entre 1.5 y 1.7 % del producto interno bruto (PIB), o sea, alrededor de 110,000 millones de pesos anualmente, según informaciones extraoficiales obtenidas por Diario Libre.
El gobierno entiende que un aumento mayor de las recaudaciones podría trastornar la economía e incidir sobre el crecimiento del producto en el futuro, además de provocar tensiones sociales.
Las autoridades de las finanzas públicas están convencidas de que sin una subida de las recaudaciones fiscales se imposibilitará el incremento del gasto de capital en infraestructuras y servicios públicos que demanda un crecimiento sostenido; el servicio de la deuda gravitaría cada vez más negativamente y se necesitaría más financiamiento para el déficit fiscal. Es su convencimiento de que la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal limita severamente el margen de maniobra financiero del Estado al restringir el gasto y el endeudamiento.
Como parte ya de la reforma fiscal, de la cual la tributaria es un componente, el gobierno se propone modernizar y reforzar la administración recaudatoria, ampliar la base impositiva y reducir los niveles de informalidad. En la agenda figuran la simplificación del régimen tributario, el alza de la eficiencia y el aumento de la equidad. Como instrumentos para esas metas se citan la racionalización de los incentivos y exenciones fiscales que actualmente montan al 4.6 % del PIB.
