La plataforma deportiva internacional ESPN publicó en su página web la acción penal interpuesta por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) ante las autoridades, acusando al ministro de deportes y al presidente del patronato encargado del cuidado del Estadio Quisqueya de supuestos manejos irregulares de fondos públicos.
El Patronato del Estadio Quisqueya Juan Marichal, principal instalación del béisbol en la República Dominicana, vuelve a ser centro de controversia luego de que, por segunda ocasión, se verá en necesidad de acudir a los tribunales con relación a alegados manejos ilegales de fondos del Estado Dominicano.
En el año 2019, el referido patronato fue condenado por el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana por denegar información e incumplir con los mandatos legales sobre transparencia con respecto al manejo que le daban a las partidas presupuestarias que anualmente le son asignadas por los gobiernos dominicanos.
En esta ocasión, la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) interpusó una acción penal en contra de la institución y su presidente, Miguel Ángel Fernández, así como contra el Ministerio de Deportes (MIDEREC) y el ministro, Francisco Camacho, por ante la Procuraduría Especializada de Persecusión de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La denuncia indica que ambas instituciones, alegadamente, han irrespetado los procesos estabelcidos en las leyes de compras y contrataciones públicas dominicana, malversado, en consecuencia, fondos destinados para el reacondicionamiento del Estadio Quisqueya de cara a la Serie del Caribe Santo Domingo 2022.
Según los accionantes, el patronato tiene una condición especial como ente privado, que recauda fondos de manera particular, pero también actúa como institución pública a la hora de requerir fondos por parte del gobierno para realizar cualquier procedimiento de remodelación del “Coloso del Ensanche La Fe”. En ese sentido, los denunciantes establecen que el patronato no se apega a los mandatos de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas de República Dominicana.
Esta acción penal llega al mismo tiempo que la empresa ESC Group realizara una denuncia en pasadas semanas, señalando que una compra de luces para el estadio fue hecha fuera de los márgenes que establecen las leyes dominicanas.
Adicionalmente, los accionantes señalan que no es su intención causar interrupciones al torneo de béisbol invernal que iniciará el próximo 27 de octubre ni a la celebración de la Serie del Caribe a finales de enero del 2022, sino que se busca esclarecer el uso que se le ha dado a 1.7 millones de dólares que fueron entregados por el MIDEREC al patronato para trabajos de renovación en el estadio y que dicho uso sea haga con apego a las leyes.
