Estados Unidos valora positivamente el esfuerzo de República Dominicana en la lucha contra la trata y tráfico
WASHINGTON.– El gobierno de los Estados Unidos valoró positivamente los esfuerzos que ha venido realizando la República Dominicana en materia de lucha contra la trata y tráfico.
El informe anual publicado por el Departamento de Estado asciende al país y lo saca de la “lista de advertencia”, donde había sido puesto el año pasado.
En el vigésimo primer informe anual sobre la trata de personas (TIP), publicado el 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado aseguró que se han visto avances en general en la lucha contra la trata y el tráfico de personas.
Asimismo, destacó los esfuerzos cada vez mayores para investigar la complicidad oficial en delitos de trata, la prohibición del matrimonio infantil y la ayuda migratoria ofrecida a venezolanos vulnerables.
En enero del 2021, el presidente Luis Abinader promulgo la Ley 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil, herramienta importante para evitar que las niñas se conviertan en víctimas de la trata.
Según el informe, que fue presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un evento virtual transmitido en vivo, se notó cómo el Gobierno dominicano aumentó los esfuerzos de enjuiciamiento.
Citando que la Procuraduría General de la República inició 63 investigaciones (59 por trata sexual, cuatro por trata laboral) en el 2020, en comparación con 26 investigaciones en 2019, 11 en 2018, 17 en 2017 y 25 en 2016.
Asimismo, dice que la unidad policial contra la trata informó haber iniciado 44 investigaciones en el 2020, en comparación con 35 investigaciones en 2019.
Si bien el informe menciona que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Policial contra la Trata como los principales cuerpos de seguridad que perseguían casos de trata, con unidades policiales en Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica, refiere que los recursos estén altamente concentrados en la capital, lo que resulta en «una falta de capacidad institucional para investigar y procesar adecuadamente los casos de trata de personas en lugares del país fuera del área metropolitana de Santo Domingo».