SANTO DOMINGO – La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este jueves la prisión preventiva impuesta al mayor general Adán Cáceres Silvestre, imputado por el Ministerio Público de armar el entramado de corrupción desarticulado con la Operación Coral.
Con esta decisión, los jueces Ignacio Camacho, Nancy Joaquín y Mariana Daneira García ratifican el dictamen de la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que en mayo del presente año le dictó 18 meses de prisión preventiva a cinco de los seis implicados en este caso de corrupción, entre ellos Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reafirmó en estrado la consistencia de la acusación presentada por el órgano de justicia y puso en evidencia el interés del imputado por falsear información desde el principio de la investigación hasta el actual momento procesal. “Sí, es cierto que el Ministerio Público estuvo meses citando e interrogando al señor Adán Cáceres en busca de respuestas que no teníamos y él, haciendo uso de su derecho a que puede mentir legalmente, el 99% de las respuestas que nos brindó eran falsas o tenían inconsistencias, comenzando por su declaración jurada, la cual, a pesar de que nos dijo que la hizo una vez llegó al cargo, la hizo un año después, luego de adquirir bienes que no puede justificar”, expuso.
Esta posición de la procuradora adjunta se produjo ante los alegatos de la defensa de Cáceres Silvestre, que trató de desmeritar el expediente presentado por el Ministerio Público, así como la sentencia de la jueza Romero, e intentó convencer de que no existen elementos de prueba, ni comportamiento de su defendido que indiquen al tribunal que éste tendría la intención de huir del proceso. En ese sentido, solicitó variar la medida de coerción a presentación periódica y que se anulara la declaratoria de complejidad en el caso.
Sobre la afirmación de los abogados, de que la magistrada Romero habría violentado el proceso, Reynoso tildó de “estrategia procesal vergonzosa” atribuir a la jueza argumentaciones expuestas por el Ministerio Público, con el fin de desmeritar la decisión judicial.
La directora general de Persecución fue aún más enfática al puntualizar los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público no se circunscriben a lo revelado por el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, sino que son el resultado de una rigurosa investigación que ha desarrollado el órgano de la persecución penal.
“Tenemos los elementos de prueba, no solo porque Girón Jiménez las entregó, sino porque las ocupamos en los allanamientos; esas nóminas, esos mensajes que ellos mandaron a borrar, los tenemos en nuestras manos”, resaltó Reynoso.
En esta red, que operaba bajo la protección del exdirector del Cusep, están implicados Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, quienes cumplen la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo
