El Pais– El mundo mira con preocupación a Colombia. En diversos pronunciamientos, la comunidad internacional ha redoblado este viernes la presión para que el Gobierno de IvánDuque, cercado por las protestas que se han estrellado con la represión policial, detenga la violencia en el país andino. Mientras la ONU ha pedido garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”, aunque también exhortó a cesar los bloqueos de carreteras que han puesto en riesgo el abastecimiento de alimentos y medicinas en algunas ciudades.
Después de diez días de todo tipo de movilizaciones y disturbios en los que al menos 27 personas han perdido la vida, en las que han abundado las perturbadoras imágenes de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial, la delicada situación interna amenaza con derivar también en una crisis diplomática. El sistema de Naciones Unidas en Colombia insistió en un comunicado en que “toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos”, además de recordar que el acuerdo de paz sellado a finales de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, del que Duque ha sido muy crítico, “ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana”.
Entre la larga cadena de declaraciones que expresan alarma ante el vértigo de los acontecimientos, de Europa a Estados Unidos, la del presidente de Argentina, Alberto Fernández, parece haber causado una particular irritación. “Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su Gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, escribió el mandatario peronista en sus redes sociales.
Bogotá rechazó sus palabras. “La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”, señaló la Cancillería en una inusual respuesta. “Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional, pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad”, abundó en una declaración la canciller, Claudia Blum.
