SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el general Adán Cáceres; la pastora Rossy Guzmán, el teniente coronel Rafael Núñez de Aza y demás implicados en la Operación Coral.
Uno de los cercanos colaboradores del exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) confesó que recogía un promedio de 5.5 millones de pesos al mes solo en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para entregarlos al que la Procuraduría ha denominado como “entramado de corrupción” encabezado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Las revelaciones las hizo el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez durante los interrogatorios que le practicaron los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, directora de Persecución y director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), respectivamente, y Miguel Collado.
Girón Jiménez, uno de los seis imputados, confesó que en febrero de este año repartió 1,271,100 pesos que colectó de la nómina del CESTUR.
Colectando todavía Señaló que de ese total entregó 234 mil pesos a Cáceres Silverio; 100 mil pesos al exsubdirector de la Policía, Neivy Pérez Féliz, y 746 mil pesos en varias partidas al coronel Rafael Núñez de Aza.
También reveló que colectaba mensualmente tres millones de pesos por concepto del pago de nómina, dos millones por viáticos y 500 mil por gastos de inteligencia. El documento que hace referencia al interrogatorio no indica desde cuándo se registraban los ingresos con esos valores.
Los imputados El Ministerio Público acusa al mayor general Cáceres Silvestre, al coronel Núñez de Aza, la pastora Rosa Guzmán Sánchez, el mayor Girón Jiménez, al cabo Tenner Flete Guzmán (hijo de la pastora Guzmán Sánchez) y al sargento Alejandro José Montero Cruz de ser los cabezas de la estructura mafiosa que distraía dinero del CUSEP y el CESTUR.
Los fondos ilícitos captados por el grupo eran lavados a través de empresas e instituciones religiosas evangélicas.
Provenían de cientos de personas sin funciones que eran incluidas en las nóminas de las dos entidades militares a los que se les retenía entre el 80 y 90 por ciento, de los fondos no auditables de la Seguridad y de los viáticos por dietas y combustibles.
“Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser presta nombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90 por ciento de lo cobrado cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización”, indica el Ministerio Público.
Añade que la diferencia entre lo pagado por el Estado a las personas incluidas en las nóminas y la dádiva entregada a los presta nombres iban a distintos miembros de la organización.
“Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondos era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado”, puntualiza la solicitud de medida de coerción.
El testimonio del mayor Girón Jiménez gana relevancia porque este era, simultáneamente, programador de nómina del CUSEP y encargado de tecnología del CESTUR, mientras que el coronel Núñez de Aza era gerente financiero de las dos instituciones.
Se le atribuye a Girón Jiménez ser el encargado de recolectar el dinero de los conocidos como “atrapacheques” para entregarlos a los miembros del entramado militar.
Allanamiento a Cáceres En el allanamiento a la residencia del mayor general Cáceres Silvestre fueron incautados numerosos documentos de seguridad, incluyendo referentes al entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, relativos al Congreso del PLD de 2014, al caso Tucano y otros que no fueron revelados por el Ministerio Público.
También les fueron incautados 10 relojes de diversas marcas y documentos sobre operaciones bancarias de decenas de millones de pesos.Los relojes incautados eran un Rolex, un Georgio Milano, dos Mont Blanc, un Fub, dos Bulova, un Federico Constant Geneve y un Cartier.
Además, entre la documentación encontrada hay un documento del norteamericano “Bank of America” titulado “Custone Service Informatión” a nombre del general Juan C. Torres Robuí, director del CESTUR al término de la gestión presidencial de Danilo Medina y que aún hoy continúa en el cargo.
