Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron admitir al juicio por los sobornos de Odebrecht las delaciones premiadas enviadas desde Brasil para probar el caso de corrupción, complicando más el camino del Ministerio Público para lograr probar su teoría de los hechos.
Las magistradas argumentaron que el Ministerio Público no cumplió con las formalidades establecidas por las leyes y la Constitución para que esas delaciones pudieran ser incorporadas al debate.
Citaron el hecho de que a pesar de que el Ministerio Público tuvo una autorización del juez de la instrucción para interrogar a los delatores no lo hizo, tampoco los ofertó como testigo del proceso en el momento oportuno (instrucción).
Los abogados de los imputados celebraron el dictamen y consideraron que el Ministerio Público debería retirar la acusación, debido a que las pruebas capitales para el proceso no han podido ser admitidas.
Esta decisión será recurrida en oposición por los miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes no están dispuestos a perder estas pruebas fundamentales para este proceso judicial, según adelantó la fiscal Mirna Ortiz.
En ocasiones anteriores los representantes de la Pepca habían valorado la importancia de las delaciones premiadas diciendo que: “En este punto donde está el proceso, las evidencias más importantes son las delaciones; esas delaciones son las que contienen las versiones de los colaboradores en Brasil”.
Con su decisión el tribunal conformado por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, acogió las objeciones planteadas por los abogados de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez. Las defensas de estos acusados habían solicitado que las delaciones no entren al debate por considerarlas pruebas viciadas, obtenidas de manera ilegal, además dijeron que la etapa para incluir a los delatores como testigos en el juicio, es etapa superada.
La decisión del tribunal se da luego de tres largas semanas escuchando los argumentos del Ministerio Público y de los abogados de los imputados.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, solicitaba que las delaciones sean admitidas como pruebas en el juicio, además de que sean traídos los delatores para autenticar los estos documentos.
Los fiscales solicitaron la incorporación por lectura de la prueba del denominado empleado número 1 de Odebrecht, correspondiente a las declaraciones del exejecutivo de esa empresa Marcelo Odebrecht. Además de las declaraciones del empleado número 27, Ernesto Saviera; el 36, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva; el 48, Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el 50, Luis Antonio Mameri, y el 54, Marco Antonio Vasconcelos Cruz.
