El plazo para presentar la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios que tomaron posesión el pasado 16 de agosto ya venció y solo 112 diputados y 17 senadores presentaron sus declaraciones.
A los 112 diputados se les sumas los ocho que fueron cesados, siendo un total de 120 diputados que presentaron su declaración, mientras que a los senadores se les suman dos ceses, para un total de 19.
A pesar de que el plazo venció a las 11:59 de la noche del lunes, hasta la madrugada del martes aún había técnicos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización de los Funcionarios Públicos asistiendo a los declarantes.
Este requisito se contempla en la Ley 311-14 sobre el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y su reglamento de aplicación, número 92-16.
¿Qué dice la Ley 311-14?
La Ley 311-14 instituye el sistema nacional automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos.
Además, obliga a declarar a los funcionarios, estos son presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, así como los secretarios administrativos del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales superiores administrativos y los demás jueces del orden judicial;, los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Superior Electoral, el Procurador General de la República, y sus adjuntos, y los demás miembros del Ministerio Público.
También, los ministros y viceministros, el defensor del Pueblo, el gobernador y vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central, los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, el director Nacional de Elecciones, el director Nacional de Registro Civil y el contralor general de la República.
Rechazan sanciones
Diputados de diferentes partidos políticos entienden no son necesarias ni justas las medidas sancionadoras, por la falta de presentación de declaración jurada ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), dentro del plazo establecido.
Al ser cuestionados sobre el editorial de este martes de Listín Diario, el cual refiere que los legisladores se enfrenten a “sanciones correspondientes, si es posible mediante un juicio político para su amonestación o destitución”, los legisladores indicaron que sí hicieron las diligencias para realizarlo dentro del plazo, sin embargo, “trabas” en el sistema lo imposibilitaron.
“Los resultados son exactamente que los niveles de exigencia que difieren exactamente en lo que uno está acostumbrado a presentar como declaración jurada, la consecuencia es que uno no haya podido cumplir con los mismos, puesto que ellos tendrán una explicación”, refirió el vocero en la Cámara Baja del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.
Sánchez, quien además manifestó no haber declarado aún su patrimonio, se cuestionó “¿hasta dónde llega la declaración de la Cámara?”, al juzgar de exageración lo pedido por el órgano regente.
“No me molesta que hayan sectores que exijan hasta que tranquen a uno por no haber cumplido con lo que la ley no establece, hasta donde llega la declaración jurada, pienso que el Listín debe investigar qué es lo que es una declaración jurada y que es lo que está exigiendo la Cámara de Cuentas como declaración jurada, ¿es una auditoria? O sea, ¿yo tengo que decirle a la Cámara de Cuentas el número de tarjeta de crédito mía hasta con los tres numeritos de atrás? Para que me la clonen”, respondió.
En tanto el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, indicó que desde la bancada oficialista se ha guiado por lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y se mostró contrario a imponer sanciones, por lo que se debe ser flexible cuando se imponen requisitos que no estaban anteriormente.
“Nosotros siempre nos vamos a agarrar a la ley, si es lo que la ley establece está bien, ahora, la ley tiene también que mostrar flexibilidad cuando se imponen cosas que no estaban previstas y que por demás no son acordes con los requerimientos que debe tener una institución o que se han salido de su jurisdicción”, indicó Díaz.
