El decreto 2-24, que cancela los permisos de operación local e internacional al Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), se basa escrupulosamente en sentencias de los tribunales dominicanos, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que confirmó la lesividad al interés público del proyecto.
Adoptada por el presidente Luis Abinader el viernes pasado, la decisión deja sin efecto el decreto 270-20, emitido por Danilo Medina en los estertores de su mandato, en aprobación del establecimiento del AIB, y se opuerto de Bávaro corresponde con un mandato expreso de la SCJ en un fallo registrado el 15 de diciembre último.
En uno de los considerandos se expresa textualmente que el susodicho decreto, «además de partir de una resolución de no objeción que ha sido anulada, incurre, según el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia expresado en la Sentencia núm. SCJ-TS-23-1451, en un exceso de competencia, pues determina de manera directa, cuál será la empresa beneficiaria de su construcción y operación, cuando, de conformidad con la ley, la atribución del Poder Ejecutivo se limita a impartir o no su aprobación respecto al establecimiento de un aeropuerto en un lugar determinado». DIARIO LIBRE
