El Presidente Abinader aseguró que las propuestas no quedarán solo en el deseo de un futuro distinto en las prácticas de la administración pública, sino que también encarnan el compromiso de recuperar el patrimonio que pueda haber sido obtenido mediante actos de corrupción y que pertenece a todo el pueblo dominicano.
Informó que impartió instrucciones para contratar, en lo inmediato, a un equipo de abogados para que, como actores civiles, acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción y procuren la recuperación de ese patrimonio robado.
Dijo que esto no implicará una intromisión del Gobierno en la labor del Ministerio Público, sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de todos los dominicanos.
Expresó que perseguirán en los próximos meses una pronta aprobación de una legislación penal moderna y coherente, que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción administrativa.
Expuso que trabajarán para que los procesos de compras y contrataciones públicas se desarrollen en un marco de total transparencia, estandarización y eficiencia.
El presidente también anunció que en procura de acabar con la corrupción y el clientelismo trabajará sin descanso para poner fin a la falta de supervisión en la gestión de los distintos programas de asistencia social del Estado.
Para tales propósitos, dispuso la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social.
Indicó que la comisión presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.
“Con ello vamos a agilizar los procesos administrativos, racionalizar el desempeño, limitar la discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones y convertir las ayudas a la ciudadanía en un derecho y no en una limosna”, justificó.
Manifestó que, con carácter de urgencia, se desarrollarán las acciones que permitan a todos los ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban.
