Rosalba Ramos sobre calificación jurídica contra Félix Alburquerque Comprés: “Es un homicidio”
Tras los señalamientos de varias personas de la opinión pública y de Esther Taveras Duncán, hermana del comunicador Manuel Taveras Duncan, de que el caso debe calificarse como un asesinato y no como homicidio, la fiscal de Distrito Nacional defendió la imputación que contiene el expediente de medida de coerción en contra de Félix Alburquerque Comprés.
Rosalba Ramos indicó que la calificación jurídica provisional es de un homicidio y más adelante se evaluará si es agravado o no.
“Es un homicidio, nosotros vamos eventualmente a evaluar si las pruebas nos dicen si es agravado o no, es muy temprano para hablar de calificación, en este momento de lo que debemos hablar es de si existen o no presupuestos para que este señor se pueda presentar en libertad o lo que está solicitando la fiscalía que es prisión preventiva, dijo.
Reiteró que calificación jurídica en esta etapa siempre provisional al no tener todos los elementos “para poder decir si es un homicidio sencillamente o si es agravado”.
Explicó que solicitaron prisión preventiva contra el extitular de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por el propio comportamiento que mantuvo el exvicealmirante retirado Alburquerque Comprés luego de matar al comunicador.
“Solicitamos prisión preventiva, entendiendo el comportamiento del imputado porque se ha hablado que él se entregó pero es luego que todos los medios se hacen eco, de que existe incluso ya una orden de arresto”, explicó.
La madrugada del viernes y luego de sostener una pelea en un establecimiento de comida rápida, Félix Alburquerque Comprés mató de dos disparos al comunicador Manuel Taveras Duncan.
El Ministerio Público solicitó además, prisión preventiva como medida de coerción al entender que “no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de que existe peligro de fuga, el cual se desprende de la gravedad del ilícito penal al tratarse de un hecho grave y la posibilidad de que el imputado torpedee el proceso de investigación mediante la intimidación a testigos conforme las relaciones que cultivó en prolífica carrera militar y si comportamiento violento”.
La medida de coerción fue pautada para el próximo 31 de agosto.