SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Ministerio Público aseguró que está listo para iniciar la presentación de más de 1,700 pruebas contra los seis implicados en el caso de corrupción relativo a los US$92 millones de sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht para lograr la adjudicación de obras públicas en la República Dominicana.
El juicio fue aplazado este jueves para el próximo martes 8 de diciembre, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogiera una solicitud de aplazamiento hecha por la defensa de Víctor Díaz Rúa, en virtud de que uno de sus abogados dio positivo a la COVID-19, mientras que otro de esa barra está a la espera de los resultados.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca ), Wilson Camacho, afirmó que el Ministerio Público está preparado para iniciar con la presentación de las pruebas contra los imputados y dijo que hoy acudieron al tribunal varios testigos de los más de 20 que comparecerán, entre ellos, varios ciudadanos brasileños.
Al ofrecer declaraciones a la prensa a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el magistrado Camacho dijo que los testigos están ofrecidos para acreditar en el tribunal la culpabilidad de cada uno de los imputados.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo aplazaron para continuar el próximo martes 8 de diciembre a las 9:00 de la mañana para iniciar con la presentación de las pruebas por parte del Ministerio Público.
En el juicio, que se inició el pasado 5 de noviembre, el Ministerio Público ha mantenido firme la acusación contra los involucrados en este caso de corrupción. Los fiscales litigantes aseguran que, producto de las actividades fraudulentas y en complicidad con la multinacional brasileña, durante el período de 2002 a 2017 los imputados incrementaron sus patrimonios familiares con montos millonarios imposibles de justificar.
El equipo litigante del Ministerio Público lo encabeza el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Por este caso son procesados el empresario Ángel Rondón Rijo, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado Andrés Bautista, el exsenador de San Cristóbal Tommy Galán, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.
El grupo es acusado de los delitos de sobornos, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en escritura, que constituyen una violación a varios artículos de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
