El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, intimó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a presentar acusación formal en contra del mayor general Adán Cáceres y los demás implicados en el caso Operación Coral en un plazo de 15 días.
El tiempo otorgado comenzará a contabilizarse a partir de la notificación a los procuradores que llevan el caso.
Esto ocurre luego de que el pasado lunes venciera el plazo de dos meses de prórroga que el tribunal le otorgó a la Pepca para completar su investigación.
Según Diario Libre, de no presentar acto inclusivo en el tiempo establecido por el tribunal, la Pepca correría el riesgo de que la acción penal sea declarada extinguida, como lo establece el Código Procesal Penal.
“Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, dice el artículo 151 de Código Procesal Penal.
La Pepca ha sido recurrente en la práctica de solicitar prórrogas en sus grandes investigaciones de corrupción y dejar vencer el plazo otorgado por el tribunal. Hacen esto como una táctica para ganar tiempo, lo que ha generado críticas de parte de abogados defensores de los imputados en los casos que están bajo investigación.
Los hechos del caso Coral
Las investigaciones de la Pepca establecen que Adán Cáceres se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político durante los gobiernos de Danilo Medina para crear una presunta red corrupta para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), institución que dirigía.
Por estos actos de corrupción fueron sometidos además de él, la pastora Rossy Guzmán, así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
