SANTIAGO – El día de ayer la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente , impuso medida de coerción a 23 de los primeros arrestados por su vinculación a la red de lavado de activos del narcotráfico de la operación Falcón.
“Vamos a investigar toda estructura del crimen organizado y vamos a llevar los procesos en condiciones de estar blindados producto de la profundidad de las investigaciones; vendrán otros casos muy posiblemente similares a Falcón que el Ministerio Público en la actualidad tiene en proceso de investigación”, expresó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La directora general de Persecución del Ministerio Público se pronunció en esos términos al responder preguntas de la prensa cuando salió de la sala de audiencia.
Reynoso resaltó la gravedad de los delitos investigados en el caso en el que el Ministerio Público acreditó “pruebas más que suficientes” a los tribunales y demostró los riesgos procesales que obligan a la imposición de prisión contra los involucrados en la poderosa organización criminal, la cual definió como una de las más grandes en la región.
“Como había dicho, esta gestión que encabeza Miriam Germán Brito, la señora procuradora general de la República, en este proceso hemos aplicado precisamente sus criterios de hacer investigaciones blindadas”, resaltó.
“El crimen organizado, en este Ministerio Público, no va a tener un minuto de paz”, dijo. “Nos vamos a dedicar, siempre conforme al Estado de derecho, a investigar toda estructura del crimen organizado y vamos a encaminar procesos en condiciones de estar blindados”, añadió la procuradora adjunta.
En ese contexto, resaltó el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de su comandante, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
Reynoso dijo que en el proceso de conocimiento de la medida hubo dos variaciones. En ese sentido, explicó que a seis le fue impuesto arresto domiciliario solicitados por el Ministerio Público. “A los restantes 15 se les impuso prisión preventiva, a uno le fue impuesto una garantía económica de 15 millones en efectivo y arresto domiciliario y a otro de 5 millones en efectivo, así como impedimento de salida del país para ambos”.
La jueza Borgen rechazó todos los pedimentos de la barra de la defensa de los imputados y acogió la solicitud de prisión preventiva por espacio de 18 meses y la declaratoria de caso complejo solicitada por el Ministerio Público.
Borgen acogió la petición que hizo el Ministerio Público durante la audiencia del pasado lunes, donde varió la petición de prisión preventiva por domiciliaria e impedimento de salida del país que había solicitado en contra de Juan Carlos Durán Rodríguez, Ana Margarita Collado Marte, Andrés Guzmán Collado, Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Angélica María Maldonado y Antonio Tavares Rodríguez.
Asimismo, fue acogida la petición de variar el destino de reclusión a Víctor Elpidio Altagracia Paulino y Luis Daniel Nieves Batista, al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega; Adolfo Antonio Torres Sanabia al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat, y a José Alejandro De la Cruz Morales en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, por seguridad a otros internos del mismo proceso.
También fue impuesta la medida privativa de libertad a María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), y a Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano).
Igualmente a Yana Iris Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco.
Las imputadas cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.
En el caso de Juan Bautista Carpio Reynoso, le fue impuesto arresto domiciliario con vigilancia y una garantía económica de RD$15 millones en efectivo. Igualmente a Raúl Antonio Castro Mota le fue impuesta una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes e impedimento de salida del país.
